Seguridad Pública en el Perú

A contrapelo de la tendencia general en la región latinoamericana que significó el término de los gobiernos autoritarios, la democratización de las sociedades y el inicio de procesos de modernización y reforma de las policías, en el Perú asistimos a la tendencia contraria, es decir, al predominio de un régimen político casi autocrático, surgido del autogolpe de 1992, que tiene un componente militar especialmente controversial.

No por nada analistas peruanos y extranjeros han hablado de la existencia de un “triunvirato” en el poder, compuesto por el Presidente Alberto Fujimori, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hombre fuerte de los servicios secretos, y el jefe del Ejército, general Hermoza, hoy día desplazado de sus funciones. Consecuentemente, los poderes Judicial y Legislativo están en gran medida mediatizados por el poder de dicho “triunvirato”.

Llama poderosamente la atención la fuerte influencia de que goza el aparato de inteligencia, otorgándole una impronta bastante siniestra al modelo político peruano. Como es de conocimiento, abundan las denuncias sobre el papel que juega éste en la vigilancia de la oposición y en la estrategia para lograr una segunda reelección de Fujimori.

A partir del fin del gobierno militar en 1980, la guerra interna, la crisis económica y la incapacidad de la clase política peruana para otorgar gobernabilidad dieron paso a una situación de retroceso institucional, a la debacle aparentemente definitiva de los partidos políticos tradicionales, y al resurgimiento de una tendencia ancestral de las Fuerzas Armadas peruanas por dirigir el Estado en forma tutelar.

En el caso del Perú, la militarización va más allá de la seguridad interna y de la función policial. Se trata de que, por efectos de una guerra interna, se termina militarizando toda la vida social y el Estado.

Para analizar el fenómeno de la militarización de la función policial hay que tener en consideración dos rasgos constitutivos de la policía moderna: en primer lugar, la separación de funciones entre policía y Ejército; y en segundo término, el surgimiento de una organización policial burocrática y profesional a partir de mediados del siglo XIX en Europa. Con cierto desfase lo propio ocurrió en América Latina.

Inicialmente, muchos cuerpos policiales surgieron del seno de las Fuerzas Armadas. Es el caso chileno, donde la policía de Carabineros que fue creada en 1927, surgió de la fusión de las policías locales y un regimiento del Ejército de línea. Por este efecto, diversas policías latinoamericanas han mantenido hasta el presente diversos rasgos castrenses provenientes de su antigua relación con las Fuerzas Armadas. Es el caso del fuero militar, la estructura de mando, un tipo determinado de instrucción, incluso un determinado armamento y hasta los uniformes.

En las últimas décadas se ha desarrollado una tendencia general, yo diría más bien una tentación general, por militarizar la seguridad interior y de paso los órganos policiales de la región. El caso peruano no parece ser la excepción.

La militarización se produce por diversos factores internos que varían de país en país. Bien puede producirse por el surgimiento de un gobierno militar o por el papel preponderante de las Fuerzas Armadas en una determinada sociedad, como ocurrió en los años setenta en el Cono Sur, por ejemplo; o bien por efecto de la incapacidad de la policía por controlar determinados problemas de seguridad interna, fenómeno que está ocurriendo generalizadamente con la delincuencia en varios países de la región.

Corrientemente este proceso de militarización se lleva a cabo a través de dos vías. Una de ellas es el copamiento de la policía por parte de las Fuerzas Armadas, y el otro por el desplazamiento de la policía de las actividades naturales de seguridad interior, lo que muchas veces lleva consigo una desvalorización de sus funciones, el congelamiento de sus dotaciones, equipos y presupuestos.

En muchos casos ocurre más bien una mezcla de ambos métodos.

Como ejemplo del caso del copamiento militar de la estructura policial tenemos lo ocurrido durante el gobierno militar en Chile, cuando las policías fueron incorporadas al Ministerio de Defensa, prácticamente como una cuarta rama castrense; el general director de Carabineros asumió un puesto en la Junta Militar de Gobierno; y, en el caso particular de la policía de Investigaciones, ésta fue puesta al mando de generales del Ejército, aunque en situación de retiro.

En el otro caso, o sea el de la militarización de la función policial, Bolivia es un buen ejemplo. Allí se está utilizando a los militares en la erradicación forzosa de los cultivos de coca en los valles tropicales del Chapare y los Yungas. Junto con producir una verdadera hecatombe social en dichas zonas, la intervención militar ha producido serios roces con la policía boliviana, la que, según la legislación interna, es la encargada del combate al narcotráfico. Pero las Fuerzas Armadas bolivianas no solamente están abocadas al tema de los cultivos de coca. Así por ejemplo, el gobierno las ha involucrado también en el control de las aduanas fronterizas para combatir el contrabando.

Tampoco hay que olvidar las pugnas ancestrales entre policía y ejército, en parte por la manipulación que los gobiernos han realizado con fines políticos privilegiando a una fuerza en detrimento de la otra. Uno de los ejes centrales de esta disputa ha girado en los últimos años en torno al papel que juegan tanto la policía como las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico y el consiguiente acceso a fuentes de financiamiento externo.

En el caso peruano asistimos a una mezcla de los dos métodos de la militarización. Por un lado, las Fuerzas Armadas -y dentro de ellas instrumentos muy determinados como son la justicia militar y el servicio de inteligencia- han asumido funciones policiales en el combate del terrorismo, narcotráfico, corrupción y delincuencia común. Hay que considerar además que todavía hoy en día hay un 25% del territorio peruano se encuentra bajo el control militar por efecto de la guerra interna. A ello se suma el hecho de que un general del Ejército en servicio activo ocupa el puesto de Ministro del Interior, cartera de la cual depende la policía.

Sorprende asimismo el rol autoasignado de la policía de verse así misma como la cuarta rama de las Fuerzas Armadas y la inspiración que toman del papel que jugó Carabineros de Chile en el gobierno de Pinochet. Esto ocurrió dentro de la policía peruana al menos hasta 1980.

También hay que considerar el paulatino deterioro institucional del rol de la policía peruana en los últimos años, proceso que coincidió con el surgimiento de la guerra interna liderada por Sendero Luminoso. La policía era percibida como ineficiente, corrupta y sumida en permanentes disputas internas. Un momento clave en este proceso fue la refundación de la policía en 1987 durante el gobierno de Alan García, cuando fueron fusionados los cuerpos policiales tradicionales, es decir, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú (PIP).

Lo resaltante es que dicho deterioro institucional no parece haber cambiado mucho en el transcurso del tiempo. Y esto parece ser producto de una política deliberada de parte del Ejecutivo peruano por minimizar a la policía en beneficio de las Fuerzas Armadas. Demostración de ello sería la larga demora en la promulgación de la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú (PNP), la que podría significar un resurgimiento institucional de la policía. Los datos que suministran las encuestas que miden la percepción de la población y las cifras respecto al aumento de los índices de delincuencia son evidentes. Actualmente, más de diez años después de su refundación, la PNP sigue siendo percibida como un servicio ineficiente, corrupto, abusivo, además de estar sobredimensionado, tener demasiadas funciones que obviamente no cumple a cabalidad, y más encima por ser muy caro.

Hay que recordar que la PNP tiene 100.000 funcionarios, es decir que existe una relación de 1 policía x 230 habitantes. Se trata de una cifra extraordinariamente alta, si consideramos que el promedio internacional es de 1 x 300-350 habitantes. Como ejemplo baste señalar que en Colombia hay un policía por 466 habitantes; en Alemania hay 1 x 400 y en Chile la relación es de 1 x 382.

Por otro lado, aunque la policía no ha sido intervenida de hecho, importantes unidades como la DINCOTE que combate el terrorismo, tiene activa presencia del servicio de inteligencia (SIN) que es una prolongación de los militares. También se sabe que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos tiene gran influencia en la designación del alto mando policial, de igual forma que lo hace respecto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Sorprenden asimismo algunas medidas tomadas por el gobierno de Fujimori respecto a convertir el problema del recrudecimiento de la criminalidad como problema de “seguridad nacional”, aplicando procedimientos sumarios de los tribunales militares contra delincuentes comunes que incluyen períodos de detención de 15 días de duración. Esto implica que pueden ser juzgados por “terrorismo agravado” o “traición a la patria”. Esta normativa ya ha sido aplicado desde 1992 en delitos por terrorismo, incluso contra ciudadanos extranjeros. Tenemos el caso de cuatro emerretistas chilenos prisioneros en Puno, acusados de “traición a la patria”.

Lo último que se sabe es que el SIN también está dedicado a combatir la delincuencia y hasta el contrabando, producto de una maniobra política frente a las denuncias del ex ministro del Trabajo, Jorge Mufarech.

Tampoco habría que dejar de mencionar el caso de las rondas campesinas, un tipo de organización que surgió debido a la débil presencia estatal -especialmente de la policía- en las zonas rurales, y que los militares han tratado de manipular con éxitos diversos. Como señala el estudioso peruano Carlos Basombrío, allí “el Estado peruano ha debido ceder el monopolio en el uso de la fuerza, una de las características de los estados modernos”.

Una última cuestión a retener es la violación de los derechos humanos por parte del poder militar y sus maniobras para lograr casi completa impunidad. Como es sabido, en los últimos años se han sucedido diversos episodios de represión contra opositores -como en el caso de La Cantuta- e incluso contra miembros de las propias Fuerzas Armadas. Varios generales han sido perseguidos y no menos agentes de la inteligencia militar han muerto o han sufrido torturas. En estos casos, los tribunales militares han sido especialmente benignos con los victimarios y el Congreso ha promulgado sendas amnistías abdicando de su papel fiscalizador.

En resumen, se puede decir que la militarización de la seguridad interior es un fenómeno bastante extendido en la región, una especie de tentación de la que pocos gobiernos logran sustraerse. El motivo principal de esta militarización es la incapacidad policial para acabar con la delincuencia común. Sin embargo, en el caso peruano la militarización no se reduce al copamiento de las funciones policiales tradicionales, sino que ésta va más allá, abarcando toda la vida social y política del país.