Presos de conciencia: Isidro Baldenegro López y Hermenegildo Rivas Carrillo, ecologistas indígenas

El 29 de marzo del 2003, agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) detuvieron sin orden judicial a Isidro Baldenegro López, de 37 años, dirigente indígena tarahumara (o rarámuri), y a Hermenegildo Rivas Carrillo (conocido también como Domingo Rivas Carrillo), de 22, de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua. Se ha acusado a ambos de posesión ilegal de armas de uso exclusivo del ejército. Isidro Baldenegro fue acusado también de posesión de marihuana. En la actualidad están recluidos en la prisión federal de Chihuahua, pendientes del resultado del juicio.

Basándose en la información recibida, Amnistía Internacional cree que se los ha detenido de un modo arbitrario y acusado con pruebas falsificadas. Según ambos hombres, que son miembros destacados de su comunidad y de organizaciones locales de derechos humanos, su detención se debe al papel que han desempeñado en la larga lucha de la comunidad indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen para proteger sus derechos y detener la tala descontrolada de árboles en zonas forestales. Según algunos informes, se escogió en particular a Isidro Baldenegro por su destacado papel en esta campaña pacífica y por sus actividades legítimas como miembro de Fuerza Ambiental, grupo ecologista de Chihuahua. Amnistía Internacional considera que ambos hombres son presos de conciencia y pide que se los ponga en libertad de inmediato y sin condiciones. Mientras aguardan la sentencia, el Ministerio Público federal responsable de su procesamiento debe retirar los cargos de inmediato por falta de pruebas fiables. También debe realizarse una investigación sobre el mal uso que se ha hecho del sistema judicial para asegurar su detención y procesamiento, y debe llevarse ante la justicia a los responsables. Las autoridades federales deben garantizar también la protección de estos hombres y de sus familiares, ya que pueden ser objeto de represalias por atraer la atención nacional e internacional sobre su caso y sobre la difícil situación de su comunidad en Coloradas de la Virgen.
Según Isidro Baldenegro, a eso de las ocho de la mañana del 29 de marzo del 2003, unos 10 agentes de la PJE, bajo la responsabilidad directa de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua (PGJCH), llegaron a su casa en tres camiones blancos. Algunos de ellos entraron en la casa sin una orden judicial de registro. Según los informes recibidos, el jefe de la policía interrogó a Isidro Baldenegro sobre un arma y sobre las actividades de la población local que había estado bloqueando el paso de los camiones madereros. Al parecer, el policía informó luego a Isidro Baldenegro de que, dos días después, tenía una reunión con el Ministerio Público1 en la localidad de Baborigame y le sugirió que acudiera a dicha reunión acompañado por la policía. Según parece, Isidro Baldenegro se mostró de acuerdo, pero después de subir a uno de los camiones los agentes lo esposaron, como también hicieron con su vecino Hermenegildo Rivas. Los llevaron a Baborigame, y a primeras horas de la mañana del 30 de marzo los trasladaron a la comisaría de la policía judicial de la localidad de Parral. Allí, en la tarde de ese mismo día, los hicieron posar con armas y drogas para unas fotografías. Posteriormente, en la queja que presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Isidro Baldenegro describió estos sucesos de la siguiente forma: “Cuando ellos me daban esas cosas, yo les dije no tengo porque tomarlas en mis manos pero el que parecia ser el jefe muy enojado con voz muy fuerte me dijo Tomalos porque aqui asen [hacen] lo que yo diga y no lo que Uds. quieran”. Las fotografías aparecieron después en la prensa local con el propósito aparente de legitimar las acusaciones contra ellos. Las fotografías se incorporaron después al sumario como una prueba más en su contra.

Los delitos de armas y estupefacientes son competencia de la jurisdicción federal. El 31 de marzo, los dos hombres prestaron declaración ante el agente del Ministerio Público federal de la localidad en Parral. Sólo entonces recibieron la asistencia de un abogado de oficio. Durante el periodo que estuvieron recluidos y bajo custodia de la PJE no se les facilitó asistencia letrada. En sus declaraciones ante el Ministerio Público, ambos negaron las acusaciones y describieron la forma en que los detuvieron, que ha sido corroborada reiteradamente por testigos de la comunidad.

Según la versión de los hechos expuesta por la policía ante el Ministerio Público y el juez, Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas fueron detenidos a las tres de la tarde del 29 de marzo cuando la policía patrullaba la zona. La policía afirmó que, al aproximarse a un grupo de personas, dos hombres se alejaron hacia una zona boscosa. Los policías dicen que se identificaron como miembros de la PJE y que después procedieron a realizar un cacheo. Isidro Baldenegro supuestamente portaba un rifle AK-47, una pistola y una bolsa de marihuana. Según la policía, Hermenegildo Rivas llevaba un rifle AK-47 y una pistola. Esta versión de los hechos fue aceptada por el agente del Ministerio Público federal, quien dictaminó que existían pruebas suficientes para acusar a ambos de llevar armas de uso exclusivo del ejército y, en el caso de Isidro Baldenegro, de delitos contra la salud por la posesión de 230 gramos de marihuana. Ambos son delitos federales.

El 7 de abril, el juez del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, en Parral, los consignó y ordenó la prisión preventiva de ambos. Aunque este juzgado es un tribunal de jurisdicción estatal, puede cumplir funciones auxiliares en casos de jurisdicción federal. En su resolución, el juez aceptó la versión de los hechos dada por la policía, afirmando que los policías “tienen completa imparcialidad, al relatar, de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias, solo lo que vieron en la investigación de los hechos delictivos”. El juez concedió un peso excesivo a la acusación del Ministerio Público y no cuestionó debidamente las pruebas presentadas a la luz de las declaraciones realizadas por los acusados, afirmando que “el Ministerio Público es una institución de buena fe, que además goza de fe pública”. Estas conclusiones hacen caso omiso de las numerosas observaciones y recomendaciones realizadas por organizaciones nacionales e internacionales sobre los graves problemas que afectan la procuración de justicia de México. Estas organizaciones han criticado el abuso policial generalizado de las facultades de detención, la excesiva influencia del Ministerio Público en el sistema de justicia y la falta de acción de la judicatura para obligar a la policía judicial y a los agentes del Ministerio Público a justificar la legalidad y legitimidad de sus acciones. Estos problemas se manifiestan en particular a nivel estatal, en el que numerosas acusaciones del Ministerio Público han dado lugar a acciones judiciales de motivación política contra activistas sociales, acusaciones que la judicatura no ha impugnado2. En este caso concreto, parece que el Ministerio Público ha aceptado las pruebas aportadas por la policía judicial sin examinarlas adecuadamente.

El juez aceptó también los resultados de los análisis de las drogas y armas efectuados por el Ministerio Público, que confirmaron la presencia de drogas y de armas de uso prohibido a los particulares. Según parece, no cuestionó la posibilidad de que se hubiesen colocado dichas pruebas a los acusados para inculparlos, ni trató de aclarar sus declaraciones mediante el testimonio de testigos independientes o de buscar otras posibles pruebas susceptibles de arrojar luz sobre la disparidad entre las versiones de los hechos expuestas por la policía y los sospechosos. De hecho, el juez justificó su decisión de aceptar las pruebas de la policía y de la procuraduría basándose simplemente en la presunción de su credibilidad institucional.

Después de emitir su resolución, el juez se declaró incompetente para conocer de la causa y la trasladó a los tribunales federales. En la actualidad, la causa se está viendo en el Tercer Tribunal Federal, en Chihuahua. Según informes recibidos hasta el momento de publicar el presente documento, se ha llamado a comparecer ante el tribunal en varias ocasiones a los agentes que realizaron la detención para que confirmen las pruebas, pero algunos de ellos no lo han hecho todavía, retrasando el proceso. Si los declaran culpables, Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas podrían ser condenados a largas penas de prisión.

Un informe emitido en junio por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua ha sustentado aún más la versión de los hechos de Isidro y Hermenegildo. El informe llegó a la conclusión de que la versión de los hechos facilitada por la PJE contradecía la versión dada por Isidro Baldenegro, Hermenegildo Rivas y otros testigos presenciales y que la detención de ambos no se produjo como explicaron los agentes de la policía que la efectuaron. El informe recomendó que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua hiciera lo necesario para poner remedio a la situación. A Amnistía Internacional no le consta que la Procuraduría haya hecho nada para cumplir esta recomendación.
El caso ha llegado a conocimiento también del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, que se trasladó a Chihuahua durante su visita a México en el mes de junio. Durante su visita de 16 días al país, el relator especial se reunió con grupos indígenas en seis estados. Representantes de estos grupos presentaron quejas que abarcaban desde violaciones relacionadas con conflictos de tierras y destrucción de los recursos naturales hasta la criminalización de la protesta social, la falta de acceso a la justicia, la militarización de las zonas indígenas, la presencia de paramilitares, los desplazamientos forzosos, la Ley Indígena, la discriminación – en particular contra las mujeres – y graves problemas en los campos de la salud, la educación y la nutrición. El relator especial expresó públicamente su preocupación sobre la gravedad y seriedad de las violaciones de los derechos humanos de los grupos indígenas en todo el país. Está previsto que en abril del 2004 el relator presente su informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Amnistía Internacional está muy preocupada por la detención arbitraria de Isidro Baldenegro López y Hermenegildo Rivas Carrillo y por las acusaciones falsas de que han sido objeto. Le inquietan también otras irregularidades del caso, incluido el hecho de que no se los pusiera a disposición del Ministerio Público en los estipulados por la ley. Además, al ordenarse su prisión preventiva el 7 de abril, deberían haber sido trasladados a una prisión federal de Chihuahua, el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), algo que no ocurrió hasta el 9 de junio. Amnistía Internacional abordó este caso durante una reunión con el procurador general de justicia del estado de Chihuahua en agosto del 2003. La organización ha expresado también su preocupación escribiendo al Procurador General de la República, al Gobernador del estado de Chihuahua y al Procurador General de Justicia del estado de Chihuahua. Hasta la fecha, la organización ha recibido sólo una respuesta de la Procuraduría General de Justitica del Estado de Chihuahua (PGJECH), en la que se afirma que su unidad de asuntos internos había iniciado una investigación sobre el caso basándose en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado. En el momento de redactar este informe, no se conocía todavía su resultado. En el pasado, Amnistía Internacional ha documentado repetidas veces el fracaso de las investigaciones internas que se efectúan en las procuradurías con el fin de aclarar por completo las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y responsabilizar a los culpables.

Según numerosos informes las detenciones fueron represalias de los poderosos grupos locales contra Isidro Baldenegro por el papel que éste ha desempeñado en la dirección de las actividades de la comunidad dirigidas a detener la excesiva tala de árboles en la región, tala que está poniendo en peligro el medio ambiente y la subsistencia de las comunidades indígenas locales. Los esfuerzos de los caciques por controlar los recursos locales son clave en el desencadenamiento de numerosos conflictos comunitarios en la región. En septiembre del 2002, miembros de la comunidad de Coloradas de la Virgen participaron en una manifestación pacífica masiva ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Generales (SEMARNAT) para protestar por los medios presuntamente fraudulentos con que los caciques habían obtenido en 1999 un permiso para la explotación forestal de la selva virgen en tierras pertenecientes a la comunidad desde tiempos inmemoriales. Los manifestantes lograron obtener una orden judicial que suspendía temporalmente la tala de árboles. Una semana después, algunos miembros de la comunidad, entre ellos Isidro Baldenegro, informaron haber recibido amenazas de muerte del cacique local y pidieron la intervención de las autoridades. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que las autoridades hayan hecho nada para investigar las amenazas de un modo eficaz. El 17 de marzo del 2003, un grupo de mujeres de Coloradas de la Virgen bloqueó la carretera utilizada por los camiones madereros, que seguían transportando árboles talados a pesar de la orden judicial del año anterior que suspendía la licencia de explotación forestal. El 22 de marzo, Isidro Baldenegro y otras personas mantuvieron una reunión con los responsables de la tala de árboles para pedirles que obedecieran la orden judicial. A partir de esa fecha empezaron a circular rumores de que la policía estatal andaba buscándolo.
Hermenegildo Rivas Carrillo© Privado
La actividad de las comunidades rarámuris para defender sus tierras las ha enfrentado con los poderosos grupos económicos de la zona, los denominados cacicazgos, lo que ha dado lugar a disputas sobre la tenencia y el control de las tierras forestales. Según informaciones recibidas por Amnistía Internacional, durante más de 20 años un cacique local y otras personas que trabajan con él han tratado de hacerse con el control de las tierras de los indígenas y de marginar a sectores de la comunidad, a menudo por medios que, a juzgar por los informes, han sido violentos o fraudulentos. Durante este periodo se dio muerte a numerosos rarámuris, entre ellos al padre de Isidro, Julio Baldenegro, dirigente comunitario abatido en 1986. Las autoridades no han investigado estos incidentes ni han procesado a ningún responsable. La sierra de Tarahumara es una región muy pobre en la que se registran altos índices de violencia y delincuencia vinculados a la producción y al tráfico de estupefacientes. Según informes recibidos, los caciques que controlan algunas comunidades han forzado a los rarámuris a cultivar droga o a enfrentar fuertes represalias. Las tradicionales comunidades indígenas radicadas en esta apartada región han visto cómo los caciques usurpaban sus tierras y marginaban y socavaban cada vez más sus ancestrales estructuras decisorias. La explotación forestal de estas zonas indígenas ha tenido un especial atractivo para los influyentes grupos económicos del estado, que se han aprovechado de las informales estructuras de poder de los caciques para lograr acceder a unos recursos cuya administración y control, en otras circunstancias, hubieran redundado en beneficio de estas comunidades. Esta región montañosa de Chihuahua ha sufrido al parecer enormes daños ecológicos como consecuencia de la tala excesiva de árboles. Entre los problemas se encuentran la erosión del suelo, los daños a las cuencas fluviales y la desaparición de una gran parte de la biodiversidad singular de la zona. Según las comunidades locales, la deforestación ha acarreado periodos de sequía cada vez más prolongados, lo que, unido a la disminución de la tierra cultivable, ha provocado que los rarámuris y los tepehuanes, cuyo grado de marginación y pobreza es muy elevado, tengan cada vez más dificultades para mantener su tradicional modo de vida.

La detención en diciembre del 2002 de Trinidad Baldenegro López, hermano de Isidro Baldenegro, y de su medio hermano, Gabriel Palma López, parece ser otro ejemplo del uso inadecuado del poder que las autoridades están haciendo para intimidar a los lugareños que participan en las campañas contra la tala de árboles. Los dos hombres fueron detenidos en Coloradas de la Virgen y acusados de tenencia de armas. No obstante, en mayo del 2003, se retiraron todos los cargos cuando un tribunal resolvió que las pruebas aportadas por la policía se contradecían. Los dos hombres fueron excarcelados el 3 de junio del 2003 y, según informes recibidos, permanecen escondidos porque temen por su vida. En abril del 2003, una dirigente de la comunidad, Josefa Chaparro, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado denunciado que unos agentes del Ministerio Público habían ido a su casa con una lista de cinco personas, a quienes querían que ella llevara a sus oficinas para prestar formalmente declaración. Algunas organizaciones no gubernamentales expresaron públicamente su preocupación por el riesgo que podía correr la seguridad de las cinco personas de la lista, que incluía a Isidro Baldenegro.

Amnistía Internacional ha puesto de relieve repetidas veces el mal uso que se hace del sistema judicial para silenciar o desanimar a las voces disidentes y la oposición de la sociedad civil, recurriendo a cargos penales falsos o infundados. En mayo de 1999, los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García fueron detenidos de manera arbitraria y acusados falsamente por haber protestado de forma pacífica contra la explotación maderera excesiva en la sierra de Petatlán, estado de Guerrero. Se los mantuvo incomunicados y se los torturó para forzarlos a firmar declaraciones autoinculpatorias, y después se los condenó a 6 y 10 años de prisión respectivamente. Aunque, tras una amplia campaña, fueron excarcelados por decreto presidencial en noviembre del 2001, su liberación no reparó plenamente la injusticia cometida, ya que no se reconoció su inocencia ni se realizó ninguna investigación sobre las torturas que habían sufrido mientras estuvieron recluidos.

Recientemente, en su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Fox informó que México era ahora un Estado de Derecho y que los cargos de motivación política eran cosa del pasado. Amnistía Internacional no cree que la detención y el procesamiento de Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas sean una consecuencia directa de la política del gobierno federal. Sin embargo, el caso demuestra que la afirmación del presidente Fox sigue siendo simplemente una esperanza y no una realidad, sobre todo en lo que concierne a los activistas que trabajan en comunidades locales, donde no se vigila eficazmente la maquinaria judicial estatal con el fin de impedir semejantes abusos.

Aunque en el caso de Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, la Policía Judicial del Estado parece ser el principal responsable de su detención, de la falsificación de las pruebas y de su comparencia ante el juez, el Ministerio Público federal es responsable de haber procesado a ambos basándose en pruebas cuya falta de fiabilidad era evidente. Las autoridades federales están en disposición de intervenir con el fin de garantizar la retirada de los cargos y la excarcelación inmediata e incondicional de ambos hombres. Además de garantizar su inmediata liberación, las autoridades deben realizar también una investigación a fondo sobre la forma en que se los detuvo y acusó para llevar a los responsables ante la justicia y para que ambos reciban las reparaciones adecuadas por su detención y procesamiento maliciosos. Además, en vista de las amenazas contra Isidro Baldenegro, las autoridades deben poner en marcha medidas para garantizar plenamente su seguridad, la de sus familias y la de otros miembros de la comunidad. Asimismo, las autoridades deben tomar medidas para aplicar de un modo eficaz la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos con el fin de garantizar que activistas como Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, que luchan de un modo pacífico y legítimo para proteger los derechos de sus comunidades, no se vean amenazados, hostigados, encarcelados o sujetos a procesamientos maliciosos, sino que se reconozcan sus esfuerzos y se los apoye en su lucha.

Si les preocupan las cuestiones planteadas en este documento, envíen una carta a las autoridades mexicanas y a la embajada de México en su país, subrayando los siguientes puntos:

Expresen su preocupación por la detención arbitraria de Isidro Baldenegro López y Hermenegildo Rivas Carrillo.
Afirmen su convencimiento de que son presos de conciencia y exijan su liberación inmediata e incondicional.
Insten a las autoridades a que realicen una investigación a fondo sobre cómo fueron detenidos y exijan que los responsables sean llevados ante la justicia.
Insten a las autoridades a que velen por que ambos reciben las reparaciones adecuadas por su encarcelamiento fraudulento.
En vista de las amenazas de que ha sido objeto Isidro Baldenegro, insten a las autoridades a que tomen medidas para garantizar plenamente su seguridad, la de sus familiares y la de los que trabajan por ellos.
Pidan al gobierno que garantice que los defensores de los derechos humanos, incluidos quienes trabajan para proteger el medio ambiente, pueden llevan a cabo su legítimo trabajo sin el temor a detenciones arbitrarias u otros abusos.
Insten a las autoridades a que garanticen el derecho de las comunidades a luchar contra la tala de árboles y proteger el medio ambiente y a que apliquen de un modo eficaz la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Insten a las autoridades a que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas recogidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), ratificado por México.

Seguridad Pública en el Perú

A contrapelo de la tendencia general en la región latinoamericana que significó el término de los gobiernos autoritarios, la democratización de las sociedades y el inicio de procesos de modernización y reforma de las policías, en el Perú asistimos a la tendencia contraria, es decir, al predominio de un régimen político casi autocrático, surgido del autogolpe de 1992, que tiene un componente militar especialmente controversial.

No por nada analistas peruanos y extranjeros han hablado de la existencia de un “triunvirato” en el poder, compuesto por el Presidente Alberto Fujimori, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hombre fuerte de los servicios secretos, y el jefe del Ejército, general Hermoza, hoy día desplazado de sus funciones. Consecuentemente, los poderes Judicial y Legislativo están en gran medida mediatizados por el poder de dicho “triunvirato”.

Llama poderosamente la atención la fuerte influencia de que goza el aparato de inteligencia, otorgándole una impronta bastante siniestra al modelo político peruano. Como es de conocimiento, abundan las denuncias sobre el papel que juega éste en la vigilancia de la oposición y en la estrategia para lograr una segunda reelección de Fujimori.

A partir del fin del gobierno militar en 1980, la guerra interna, la crisis económica y la incapacidad de la clase política peruana para otorgar gobernabilidad dieron paso a una situación de retroceso institucional, a la debacle aparentemente definitiva de los partidos políticos tradicionales, y al resurgimiento de una tendencia ancestral de las Fuerzas Armadas peruanas por dirigir el Estado en forma tutelar.

En el caso del Perú, la militarización va más allá de la seguridad interna y de la función policial. Se trata de que, por efectos de una guerra interna, se termina militarizando toda la vida social y el Estado.

Para analizar el fenómeno de la militarización de la función policial hay que tener en consideración dos rasgos constitutivos de la policía moderna: en primer lugar, la separación de funciones entre policía y Ejército; y en segundo término, el surgimiento de una organización policial burocrática y profesional a partir de mediados del siglo XIX en Europa. Con cierto desfase lo propio ocurrió en América Latina.

Inicialmente, muchos cuerpos policiales surgieron del seno de las Fuerzas Armadas. Es el caso chileno, donde la policía de Carabineros que fue creada en 1927, surgió de la fusión de las policías locales y un regimiento del Ejército de línea. Por este efecto, diversas policías latinoamericanas han mantenido hasta el presente diversos rasgos castrenses provenientes de su antigua relación con las Fuerzas Armadas. Es el caso del fuero militar, la estructura de mando, un tipo determinado de instrucción, incluso un determinado armamento y hasta los uniformes.

En las últimas décadas se ha desarrollado una tendencia general, yo diría más bien una tentación general, por militarizar la seguridad interior y de paso los órganos policiales de la región. El caso peruano no parece ser la excepción.

La militarización se produce por diversos factores internos que varían de país en país. Bien puede producirse por el surgimiento de un gobierno militar o por el papel preponderante de las Fuerzas Armadas en una determinada sociedad, como ocurrió en los años setenta en el Cono Sur, por ejemplo; o bien por efecto de la incapacidad de la policía por controlar determinados problemas de seguridad interna, fenómeno que está ocurriendo generalizadamente con la delincuencia en varios países de la región.

Corrientemente este proceso de militarización se lleva a cabo a través de dos vías. Una de ellas es el copamiento de la policía por parte de las Fuerzas Armadas, y el otro por el desplazamiento de la policía de las actividades naturales de seguridad interior, lo que muchas veces lleva consigo una desvalorización de sus funciones, el congelamiento de sus dotaciones, equipos y presupuestos.

En muchos casos ocurre más bien una mezcla de ambos métodos.

Como ejemplo del caso del copamiento militar de la estructura policial tenemos lo ocurrido durante el gobierno militar en Chile, cuando las policías fueron incorporadas al Ministerio de Defensa, prácticamente como una cuarta rama castrense; el general director de Carabineros asumió un puesto en la Junta Militar de Gobierno; y, en el caso particular de la policía de Investigaciones, ésta fue puesta al mando de generales del Ejército, aunque en situación de retiro.

En el otro caso, o sea el de la militarización de la función policial, Bolivia es un buen ejemplo. Allí se está utilizando a los militares en la erradicación forzosa de los cultivos de coca en los valles tropicales del Chapare y los Yungas. Junto con producir una verdadera hecatombe social en dichas zonas, la intervención militar ha producido serios roces con la policía boliviana, la que, según la legislación interna, es la encargada del combate al narcotráfico. Pero las Fuerzas Armadas bolivianas no solamente están abocadas al tema de los cultivos de coca. Así por ejemplo, el gobierno las ha involucrado también en el control de las aduanas fronterizas para combatir el contrabando.

Tampoco hay que olvidar las pugnas ancestrales entre policía y ejército, en parte por la manipulación que los gobiernos han realizado con fines políticos privilegiando a una fuerza en detrimento de la otra. Uno de los ejes centrales de esta disputa ha girado en los últimos años en torno al papel que juegan tanto la policía como las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico y el consiguiente acceso a fuentes de financiamiento externo.

En el caso peruano asistimos a una mezcla de los dos métodos de la militarización. Por un lado, las Fuerzas Armadas -y dentro de ellas instrumentos muy determinados como son la justicia militar y el servicio de inteligencia- han asumido funciones policiales en el combate del terrorismo, narcotráfico, corrupción y delincuencia común. Hay que considerar además que todavía hoy en día hay un 25% del territorio peruano se encuentra bajo el control militar por efecto de la guerra interna. A ello se suma el hecho de que un general del Ejército en servicio activo ocupa el puesto de Ministro del Interior, cartera de la cual depende la policía.

Sorprende asimismo el rol autoasignado de la policía de verse así misma como la cuarta rama de las Fuerzas Armadas y la inspiración que toman del papel que jugó Carabineros de Chile en el gobierno de Pinochet. Esto ocurrió dentro de la policía peruana al menos hasta 1980.

También hay que considerar el paulatino deterioro institucional del rol de la policía peruana en los últimos años, proceso que coincidió con el surgimiento de la guerra interna liderada por Sendero Luminoso. La policía era percibida como ineficiente, corrupta y sumida en permanentes disputas internas. Un momento clave en este proceso fue la refundación de la policía en 1987 durante el gobierno de Alan García, cuando fueron fusionados los cuerpos policiales tradicionales, es decir, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú (PIP).

Lo resaltante es que dicho deterioro institucional no parece haber cambiado mucho en el transcurso del tiempo. Y esto parece ser producto de una política deliberada de parte del Ejecutivo peruano por minimizar a la policía en beneficio de las Fuerzas Armadas. Demostración de ello sería la larga demora en la promulgación de la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú (PNP), la que podría significar un resurgimiento institucional de la policía. Los datos que suministran las encuestas que miden la percepción de la población y las cifras respecto al aumento de los índices de delincuencia son evidentes. Actualmente, más de diez años después de su refundación, la PNP sigue siendo percibida como un servicio ineficiente, corrupto, abusivo, además de estar sobredimensionado, tener demasiadas funciones que obviamente no cumple a cabalidad, y más encima por ser muy caro.

Hay que recordar que la PNP tiene 100.000 funcionarios, es decir que existe una relación de 1 policía x 230 habitantes. Se trata de una cifra extraordinariamente alta, si consideramos que el promedio internacional es de 1 x 300-350 habitantes. Como ejemplo baste señalar que en Colombia hay un policía por 466 habitantes; en Alemania hay 1 x 400 y en Chile la relación es de 1 x 382.

Por otro lado, aunque la policía no ha sido intervenida de hecho, importantes unidades como la DINCOTE que combate el terrorismo, tiene activa presencia del servicio de inteligencia (SIN) que es una prolongación de los militares. También se sabe que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos tiene gran influencia en la designación del alto mando policial, de igual forma que lo hace respecto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Sorprenden asimismo algunas medidas tomadas por el gobierno de Fujimori respecto a convertir el problema del recrudecimiento de la criminalidad como problema de “seguridad nacional”, aplicando procedimientos sumarios de los tribunales militares contra delincuentes comunes que incluyen períodos de detención de 15 días de duración. Esto implica que pueden ser juzgados por “terrorismo agravado” o “traición a la patria”. Esta normativa ya ha sido aplicado desde 1992 en delitos por terrorismo, incluso contra ciudadanos extranjeros. Tenemos el caso de cuatro emerretistas chilenos prisioneros en Puno, acusados de “traición a la patria”.

Lo último que se sabe es que el SIN también está dedicado a combatir la delincuencia y hasta el contrabando, producto de una maniobra política frente a las denuncias del ex ministro del Trabajo, Jorge Mufarech.

Tampoco habría que dejar de mencionar el caso de las rondas campesinas, un tipo de organización que surgió debido a la débil presencia estatal -especialmente de la policía- en las zonas rurales, y que los militares han tratado de manipular con éxitos diversos. Como señala el estudioso peruano Carlos Basombrío, allí “el Estado peruano ha debido ceder el monopolio en el uso de la fuerza, una de las características de los estados modernos”.

Una última cuestión a retener es la violación de los derechos humanos por parte del poder militar y sus maniobras para lograr casi completa impunidad. Como es sabido, en los últimos años se han sucedido diversos episodios de represión contra opositores -como en el caso de La Cantuta- e incluso contra miembros de las propias Fuerzas Armadas. Varios generales han sido perseguidos y no menos agentes de la inteligencia militar han muerto o han sufrido torturas. En estos casos, los tribunales militares han sido especialmente benignos con los victimarios y el Congreso ha promulgado sendas amnistías abdicando de su papel fiscalizador.

En resumen, se puede decir que la militarización de la seguridad interior es un fenómeno bastante extendido en la región, una especie de tentación de la que pocos gobiernos logran sustraerse. El motivo principal de esta militarización es la incapacidad policial para acabar con la delincuencia común. Sin embargo, en el caso peruano la militarización no se reduce al copamiento de las funciones policiales tradicionales, sino que ésta va más allá, abarcando toda la vida social y política del país.